En el presente vademécum, se describe a una sociedad civil hambrienta de justicia por conducto de más de cincuenta millones de usuarios de servicios financieros que acudieron en reclamación de justicia ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) con el fin de inhibir conductas intimidatorias vía telefónica y tratar de resolver su problemática de cobros ilegales, donde el supuesto acreedor y terceros mediante un programa informático intervienen teléfonos particulares y celulares de un supuesto deudor, de su referencia crediticia, y de su fiador, utilizando como método: el hostigar, intimidar, amedrentar, infundir temor, miedo, terror, preocupación, molestia, e intranquilidad; su ataque, es por ese medio psicológico tendente a desestabilizar emocionalmente al usuario, o a su familia; a esa conducta irónicamente le denominó:  “call center”,  “oficina de llamadas” o “centro de llamadas”. 


En la visión del nuevo sistema penal acusatorio cuyos principios son la igualdad ante la ley, la no discriminación, la no violación a los derechos humanos, el respeto a la dignidad, seguridad de las personas, a su  vida privada, a la no intervención de líneas telefónicas, a la presunción de inocencia, por ello, tanto el legislador local como el federal previeron como delito al realizarse el hecho delictuoso denominándolo cobranza extrajudicial ilegal o ilegítima, siempre partiendo de la teoría del caso.


Debe pedirse por el ministerio público como medida cautelar y de inmediato, la suspensión o cese de dichas llamadas telefónicas.


La intención del autor con éste vademécum, es inhibir la conducta de los acreedores o terceros, que muchos de ellos, sin sustento legal, la realizan como una práctica cotidiana, para su concepción está permitida apoyándose en un simple acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor identificado como A/002/2015, pero olvidándose que la cobranza extrajudicial ilegal o ilegítima, es un delito; por eso, la autoridad judicial penal debe condenar a los vinculados en un proceso penal, a una indemnización ejemplarizante por daño punitivo que es distinto al daño moral.  Dicha sanción compensatoria también está prevista en los artículos 2, 10 y 12 de la Ley General de Victimas, a favor de la persona o personas que se vieron afectadas en este tipo de conductas. 


El autor

EL DELITO de la cobranza por gestión extrajudicial ilegal

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  • En el presente vademécum, se describe a una sociedad civil hambrienta de justicia por conducto de más de cincuenta millones de usuarios de servicios financieros que acudieron en reclamación de justicia ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) con el fin de inhibir conductas intimidatorias vía telefónica y tratar de resolver su problemática de cobros ilegales, donde el supuesto acreedor y terceros mediante un programa informático intervienen teléfonos particulares y celulares de un supuesto deudor, de su referencia crediticia, y de su fiador, utilizando como método: el hostigar, intimidar, amedrentar, infundir temor, miedo, terror, preocupación, molestia, e intranquilidad; su ataque, es por ese medio psicológico tendente a desestabilizar emocionalmente al usuario, o a su familia; a esa conducta irónicamente le denominó:  “call center”,  “oficina de llamadas” o “centro de llamadas”. 
    En la visión del nuevo sistema penal acusatorio cuyos principios son la igualdad ante la ley, la no discriminación, la no violación a los derechos humanos, el respeto a la dignidad, seguridad de las personas, a su  vida privada, a la no intervención de líneas telefónicas, a la presunción de inocencia, por ello, tanto el legislador local como el federal previeron como delito al realizarse el hecho delictuoso denominándolo cobranza extrajudicial ilegal o ilegítima, siempre partiendo de la teoría del caso.
    Debe pedirse por el ministerio público como medida cautelar y de inmediato, la suspensión o cese de dichas llamadas telefónicas.
    La intención del autor con éste vademécum, es inhibir la conducta de los acreedores o terceros, que muchos de ellos, sin sustento legal, la realizan como una práctica cotidiana, para su concepción está permitida apoyándose en un simple acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor identificado como A/002/2015, pero olvidándose que la cobranza extrajudicial ilegal o ilegítima, es un delito; por eso, la autoridad judicial penal debe condenar a los vinculados en un proceso penal, a una indemnización ejemplarizante por daño punitivo que es distinto al daño moral.  Dicha sanción compensatoria también está prevista en los artículos 2, 10 y 12 de la Ley General de Victimas, a favor de la persona o personas que se vieron afectadas en este tipo de conductas. 

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